Noticia: Cantabria pide la creación del juzgado número 12 de Santander para dar estabilidad a la actual estructura judicial
Rafael de la Sierra transmite a la nueva ministra la voluntad de coordinación y colaboración de la Comunidad Autónoma para mejorar la justicia

Santander - 03.10.2018

El Gobierno de Cantabria ha defendido la necesidad de ampliar la planta judicial en Santander y proceder a la creación de un nuevo juzgado de primera instancia. De esta forma, se hará frente al incremento de asuntos y se dará la "oportuna" estabilidad al juzgado especial de cláusulas suelo, creado de forma transitoria por el Ministerio.

Así lo ha expuesto esta tarde el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, durante la primera Conferencia Sectorial de la ministra del ramo, Dolores Delgado, donde se han dado cita los consejeros autonómicos con competencias de Justicia para coordinar las actuaciones con el Estado en el ámbito de implantación de la oficina fiscal y judicial, la situación de las clausulas suelo, las propuestas de modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial y la nueva figura de los delegados de protección de datos, como temas principales.

Al mismo tiempo, el consejero de Justicia de Cantabria ha transmitido a la nueva ministra la voluntad de coordinación y colaboración de la Comunidad Autónoma para mejorar el servicio de la justicia. En opinión de De la Sierra, el acuerdo y la coordinación con las comunidades autónomas con competencias son "imprescindibles" para poner en marcha las reformas de la justicia que están actualmente en marcha.

El juzgado número 12 permitiría, según el consejero, "consolidar" la estructura que bien funcionando desde la creación del juzgado especializado y abordar "una realidad creciente" que ya constituye un alto porcentaje de los litigios de los juzgados de instancia, no solo en lo que afecta a cláusulas suelo, sino también en cuanto a gastos de hipoteca, multidivisa, etc. 

El consejero ha querido destacar el buen funcionamiento de esta medida transitoria, para lo que el Ejecutivo autonómico ha hecho, según De la Sierra, un esfuerzo en nombrar refuerzos y dotar de los medios materiales necesarios. Al mismo tiempo, ha señalado necesidad de que se añada un Letrado de la Administración de Justicia a la plantilla ordinaria y a los seis funcionarios de refuerzo. 

El consejero ha recordado que, desde junio de 2017, se contabilizan en Cantabria 6.122 demandas en materia de cláusulas suelo (2.555 en 2017 y 3.576 en 2018), un número que parece estabilizarse y aumentan las resoluciones. A nivel nacional se han contabilizado 243.000 demandas. 

En otro orden de cosas, De la Sierra ha intervenido en relación con las modificaciones propuestas a determinados artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el régimen de derechos y permisos de jueces, magistrados, fiscales, letrados y personal al servicio de la Administración de Justicia, sobre lo que en Cantabria se está negociando y avanzando en las mesas sectoriales. 

A este respecto, el consejero ha propuesto que el Grupo de Trabajo de Recursos Humanos se convierta en un foro de diálogo permanente entre el Ministerio de Justicia y las diferentes comunidades autónomas para buscar la "máxima homogenización" del régimen de personal. 

Por otro lado, en el seno de la Conferencia Sectorial se ha destacado que Cantabria está "liderando" la adaptación a las nuevas exigencias del Reglamento General sobre Protección de Datos. Rafael de la Sierra ha explicado que se están cumpliendo con las exigencias normativas generales, si bien aún es preciso "seguir avanzando en el desarrollo de la política de seguridad dando participación a todos los agentes implicados". 

Igualmente, el consejero ha puesto en valor la "consolidación" de Vereda como sistema de gestión procesal, que "mejora día a día", si bien aún quedan mejoras como incorporación de peritos, administraciones locales o cuerpos y fuerzas de seguridad. 

También se ha destacado que se está trabajando en el despliegue de la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal, cuyos proyectos de Decreto ya se han presentado. 

 

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